Nuevas normas europeas que van a cambiarnos la vida

Con el deseable objetivo de hacer una UE neta en emisiones de carbono, se van a establecer medidas para reducir las emisiones en el sector residencial. Es necesario abordar estos cambios con una transición ecológica justa real.

Cómo ya contamos recientemente, la nueva regulación en materia de derechos de emisión de gases de efecto invernadero (GEI) también va a tocar los hogares. Dicho de una manera muy simple y sin entrar a valorarlo, esta nueva regulación va a hacer que suban los precios de la energía que consumimos en el hogar y en el transporte.

Pero además, este año también ha salido la nueva normativa europea sobre el comportamiento de los edificios, la EPBD por sus siglas en inglés (Energy Performance of Building Directive). Esta también nos afecta porque establece unos objetivos de reducción de emisiones en el sector residencial. Siguiendo la línea simplista, esto supone que los países miembros han de rehabilitar sus edificios (públicos y privados) para reducir la demanda energética que requieren. Esto se traduce en invertir en actuaciones de mejora energética en edificios ya sea con nuestro dinero o con ayuda de recursos del Estado.

Acuerdos internacionales sobre emisiones contaminantes

Estás dos medidas suman esfuerzos para conseguir alcanzar metas de los que España y otros países de la UE forman parte. Uno de ellos es el Acuerdo de París cuyo objetivo es reducir las emisiones de GEI. Considerando que en Europa el 40% de la energía se destina al sector de la edificación, podemos entender el potencial de reducción que tiene ese sector. En España, según el Inventario Nacional de Emisiones a la Atmósfera que publica el Ministerio para la Transición Ecológicay el Reto Demográfico, en el 2023, el 10% de las emisiones de GEI provenieron de los hogares.

Otro es el Convenio de Ginebra de Contaminación Transfronteriza de 1979. Ratificado por España en 1982, entre otras cosas, establecía la cooperación entre países para la elaboración de políticas adecuadas para limitar, prevenir y reducir paulatinamente las emisiones de contaminantes atmosféricos. Aunque podríamos pensar que van un poco despacio, dado que este pacto se firmó hace 45 años, al menos podemos decir que la deriva en la Unión Europea ha sido la de ir aumentando políticas ambientales en la línea del mencionado Convenio de Ginebra. Una muestra son las dos normativas a las que nos referimos al inicio de este artículo.

Cómo nos afectan estas normativas a la reducción de emisiones contaminantes

Establecer un mercado de emisiones de gases de efecto invernadero es, dicho de manera sencilla, una manera de limitar la cantidad de GEI que se emiten a la atmósfera por diferentes sectores en cada país. Para ello se penaliza a quien emite de más y se permite beneficiar a quien emite de menos. Con la nueva ETS2, se amplían el número de sectores que se ven afectados por este comercio. Te recomendamos que te leas cómo prepararte para la implementación del ETS2.

La otra normativa, la EPBD, es una revisión de las normativas ya existentes en materia de eficiencia energética y de comportamiento energético de los edificios. Esta nueva versión pretende ser más ambiciosa para conseguir el objetivo de reducir en un 60% la emisión de GEI en el sector de la construcción para 2030 (respecto a 2015).

Aislamiento térmico de una pared

Para ello, algunas medidas que se establecen son:

• Establecimiento de normas mínimas de eficiencia energética en edificios no residenciales, es decir, uso empresarial y comercial.
• Objetivos de reducción de la demanda media del parque inmobiliario: un 16% para el 2030 respecto a 2020 y un 20-22% para 2035.
• Desarrollo de Planes Nacionales de Renovación de Edificios a largo plazo. Estos pretenden ser planes más complejos pero más efectivos que los actuales —que han demostrado no ser suficientes para conseguir el ritmo de rehabilitación necesario para cumplir los objetivos que nos hemos puesto.
• La introducción de los pasaportes de renovación de edificios. Este pasaporte ofrece una hoja de ruta de rehabilitación individualizada para cada edificio. Tiene la ventaja de que, además de ofrecer un conocimiento del estado del edificio, permite planificar de manera profunda las medidas de rehabilitación a corto, medio y largo plazo.
• Ventanillas únicas destinadas a ayudar a propietarios de viviendas para realizar sus renovaciones energéticas. Es decir, recursos públicos destinados a ayudar a gestionar todos los trámites que implica hacer una renovación. Estas ventanillas ofrecen la ventaja de tener personal formado específicamente y dedicado únicamente a este tema. Dicho de otro modo, más atención al usuario y, por tanto, menos barreras.

El peligro de dejar a gente atrás

Desde las entidades con carácter social se avisa de que todo este boom de rehabilitación y la subida de precios de la energía puede generar desigualdades. Esto se explica porque el acceso a las rehabilitaciones energéticas es más fácil para rentas mayores frente a otras rentas que, sin las adecuadas subvenciones, encontrarían muchas más barreras para acceder a estas. Si la energía sube en estos años, quienes no hayan realizado obras de mejora energética van a ver aumentada su factura energética. Además, son precisamente las rentas más bajas las que, porcentualmente, habitan viviendas menos eficientes y en peor estado de conservación.

Para paliar estas —muy probables— desigualdades, la UE ha optado por crear el Fondo Social por el Clima (FSC). Este Fondo contará con presupuestos que se destinarán a realizar una transición ecológica justa. El riesgo que se vislumbra con el FSC es la falta de garantías de que —especialmente en los países de la UE donde más van a afectar estas medidas— estas ayudas lleguen a todos los hogares que lo necesitan. Ya que, en primer lugar, el FSC se financiará con el 25% de los ingresos generados en la ETS-2 y, por lo tanto, si el precio del carbono no alcanza niveles altos o si el mercado de emisiones genera menos ingresos del esperado, el FSC podría no recibir fondos suficientes para compensar a los hogares vulnerables y financiar inversiones a largo plazo. Esta falta de flexibilidad presupuestaria podría ser insuficiente para atender la demanda de todos los afectados.

Otro debate que existe gira en torno a dedicar exclusivamente las ayudas a la población más vulnerable. Existen hogares que están cerca de entrar en esa categoría y podría darse si subieran los precios de los combustibles. No tener un plan para este escenario conllevaría un potencial descontento de esta población hacia políticas en favor de la sostenibilidad y podrían alimentar un discurso negacionista hacia este tipo de políticas.

Por lo tanto, nos queda pedir que el FSC sea realmente social y justo, es decir, que redistribuya los recursos de forma directa y en función de las necesidades de cada hogar. Para ello hay que poner especial atención a hogares vulnerables —y en riesgo de serlo— como aquellos que están constituidos, por ejemplo, por una sola persona adulta con menores a su cargo, con un alto nivel de desocupación de larga duración, con personas incapacitadas o dependientes o que vivan de alquiler.

Además, se deberá hacer con un enfoque de género, cuidado hacia las personas migrantes o cualquier otro rasgo que haga más vulnerables a los hogares. Y todo ello, pensando en medidas estructurales y con un horizonte a medio y largo plazo de redistribución equitativa entre los Estados participantes.

En resumen, hay que trabajar en una transición ecológica que no deje a nadie atrás.

Darío Montes

Fotografía de SevenStorm JUHASZIMRUS en Pexels e imagen de Alina Kuptsova en Pixabay