La verdad tras los RAEE

Se está planteando una nueva legislación en materia de los RAEE (Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos) en España. Tras las presiones de Bruselas, España se ha puesto como objetivo un nuevo Real Decreto que gestione el tratamiento de estos recursos.

Pero desvelemos la verdad que esconden estos residuos.

Según la Fundación para la Economía Circular, los RAEE son el 2,5 % de los residuos domésticos y comerciales del país. Son muy variados, por lo que exigen tratamientos específicos y, a diferencia de otros residuos, tienen valor económico; por consiguiente, la gestión en si misma provoca una serie de conflictos entre las partes interesadas.

Por una parte los fabricantes quieren introducir constantemente productos nuevos en el mercado, los sistemas integrados de gestión (SIG), financiados por los fabricantes, compiten entre sí para hacerse con esos residuos electrónicos, además de competir con los tradicionales chatarreros que no quieren dejar de ganarse la vida vendiendo estos valiosos materiales y por otra parte están los consumidores que son los que pagan indirectamente el coste del sistema de recogida y tratamiento de los RAEE para que no acaben en el vertedero.

A todo esto se le añade el desconocimiento del tratamiento que reciben el 80% de los Raee que se generan en España.

Según datos del MAGRAMA (Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente), en España se venden casi 740.000 toneladas de aparatos eléctricos y electrónicos al año y solo se recogen 160.000 toneladas. De estas se valorizan, reutilizan o reciclan un 75% pero todo los demás, desaparece por culpa del mal sistema de trazabilidad. El 30% de los RAEE se mueven de forma ilegal por tanto no se conoce que tipo de tratamiento se les da a estos.

La inmensa mayoría de los RAEE poseen componentes de gran valor, metal, oro, plásticos, plata, paladio, etc. El valor de estos residuos hace que se produzca corrupción a la hora de tratarlos y gestionarlos. Por ejemplo en el caso de los teléfonos móviles: cada terminal de 100 gramos contiene 0,0008 gramos de oro, plata y paladio. En el mercado se pagan unos 200 euros por tonelada de plástico, 300 euros por la de acero, entre 800 y 1.000 por la de aluminio y unos 4.500 euros por la de cobre. Por eso los residuos escapan de los circuitos controlados de recogida.

Lo que la mayoría de consumidores no sabe es que cuando compramos alguno de estos aparatos, el precio de este incluye la recogida y el correcto tratamiento de los mismos cuando ya no sean útiles. El dinero que gastamos oscila dependiendo del aparato que compramos, un teléfono móvil 0,075 euros, una lavadora 5 euros, un frigorífico 25 o 30 euros, etc. Por tanto el correcto tratamiento de estos residuos nos atañe a todos, por cada lavadora que no se recicla correctamente perdemos 5 euros que van a parar al bolsillo de algún particular o listillo.

Hay que tener en cuenta también que las tiendas tienen la obligación de recoger un aparato en desuso cuando se compra otro. Pero indaguemos un poco más en este asunto.

La OCU (Organización de Consumidores y Usuarios) hizo un seguimiento de 16 aparatos en desuso devueltos a la tienda o depositados en un punto limpio para comprobar si completaban el correcto itinerario de reciclado. Y el resultado del examen (que contó con un rastreador conectado por satélite) fue que sólo cuatro aparatos fueron a plantas autorizadas.

En teoría se tiene instaurado un sistema de gestión donde el consumidor no paga nada por mover sus aparatos viejos a los lugares autorizados. Todo el recorrido de dichos aparatos están cubiertos pero la OCU encontró varios fallos en los tramos del recorrido: trabas en la entrega, robos en los puntos limpios, cobros por recoger residuos, envíos directos a chatarrerías, paso de residuos por plantas de reciclado autorizado sin recibir tratamientos, etc., o sea es evidente que hay una falla importante en toda esta gestión.

¿Quién se beneficia de esto? La cuestión es muy sencilla, pongamos un ejemplo.

Digamos que nosotros compramos un frigorífico, por ese frigorífico en particular hemos pagado unos 300 euros al fabricante de ese producto, dentro del precio que hemos pagado, 30 euros son para el correcto reciclado de ese mismo aparato cuando este no sea útil. Esos ingresos, en nuestro caso los 30 euros, permiten a los fabricantes (sistemas integrados de gestión) disponer de dinero para financiar los puntos limpios.

Los distintos aparatos que llegan a los puntos limpios son escasos, la gran mayoría se pierden por el camino, ya sea porque los propios consumidores se los den a los chatarreros, o que en el momento de la entrega se produzcan chanchullos entre comerciantes que reciben el aparato y chatarreros. También existe el problema de los robos en el Punto Limpio, los cuales son cada vez más comunes, el no llevar un registro exhaustivo de los productos que llegan al punto limpio supone un gran aliciente para que los propios empleados del punto limpio lleguen a acuerdos con los delincuentes para no ser saqueados a cambio de un tanto por ciento de los aparatos.

Por tanto que ocurre si estos aparatos no llegan al punto limpio, aparte de ser un problema para el medio ambiente en sí, los 30 euros que pagamos por su reciclaje son beneficios netos para el fabricante, es decir esos 30 euros se los queda el fabricante y el consumidor pierde dinero.

Esta nueva legislación debería acercar más a la población el problema que se plantea con estos residuos. En España no sabemos si estos residuos están siendo tratados de forma efectiva, muchos de los RAEE contienen substancias tóxicas o perjudiciales para el medio ambiente, como ocurre con los gases fluorados de los frigoríficos, que permanecen en la atmósfera de 50 a 100 años, las bombillas de bajo consumo que contienen mercurio en polvo, el cual es altamente tóxico, ordenadores, consolas que contienen metales pesados que se acumulan en los organismos vivos, etc.

El gobierno necesita plantear una nueva norma, por tanto, que regule el número de aparatos que salen y entran en los puntos de recogida y puntos limpios, y a su vez, es primordial plantear un nuevo sistema de tratamiento eficaz para los residuos que contienen materiales tóxicos para el ambiente y la sociedad. Además el gobierno debe combatir la economía sumergida de estos residuos de forma tajante, dando a los consumidores información suficiente para que estos puedan reciclar correctamente dichos aparatos y obtener así el beneficio total del aparato que han comprado, sin pérdida alguna de dinero.

La actual normativa establece que desde finales de 2006, y hasta diciembre de 2015, se deben recoger separadamente unos cuatro kilos por habitante y año de RAEE. España nunca ha conseguido alcanzarlos, y nos hemos quedado en el entorno de los tres kilos por habitante y año, aunque se dice que cumpliríamos el objetivo si se contabilizase el material que circula por los canales opacos.

Enlaces de interés:

• Proyecto de Real Decreto de calidad y evaluación ambiental RAEE
• Eleconomista.es, 15 diciembre 2014
• LaVanguardia.com, 29 Mayo 2014
• https://www.youtube.com/watch?v=dvi0fKFYH00

Fotografía: Electronics by Flatart from the Noun Project