Pérdidas y daños: la factura pendiente del norte global

El Panel Intergubernamental sobre el Cambio Climático (IPCC) ha manifestado repetitivamente la urgencia de limitar el calentamiento global a 1,5ºC –comparado con niveles preindustriales– para evitar impactos climáticos irreversibles. En 2024, se sobrepasó por primera vez este umbral, y según la ONU, estamos actualmente en camino a los 3,1ºC de calentamiento global para finales del siglo. Esto tiene consecuencias cada vez más desastrosas y frecuentes: con inundaciones mortales, olas de calor, sequías, tormentas, incendios y más; dejando miles de muertes, y millones de vidas afectadas.

Sin embargo, mientras los países más ricos contaminan desproporcionadamente, los del sur global, con una contaminación mucho menor, sufren y pagan desproporcionadamente por sus consecuencias. Un informe de 2024, del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente (PNUMA) calcula que solo los costes de la adaptación de los países del sur global superarán los 230 mil millones de dólares estadounidenses anuales entre 2020 y 2030. Hay que tener en cuenta, además de los costes de la adaptación, los de mitigación y de pérdidas y daños. Un informe de 2023, de Climate Action Network-International (CAN), calcula que para 2050, el norte global habrá acumulado una deuda climática total de 192 billones de dólares en reparaciones justas al sur global.

¿La principal causa? Los sistemas de producción y consumo masivo del norte global, que generan niveles excesivos de emisiones y destruyen ecosistemas para extraer recursos. Esta desproporción ha estado creciendo desde el principio de la industrialización –los países ricos han sido responsables de cerca del 75% de las emisiones globales acumuladas. Para ilustrar esta tendencia, en 2021, los países más ricos fueron responsables del 40% de emisiones globales de CO2, mientras que su población es solamente el 15,4% de la población mundial. Por esto y las consecuencias del cambio climático, se planea compensar a los países del sur global a través de financiación y apoyo técnico.

Contexto histórico de pérdidas y daños

La AOSIS (Alianza de Pequeños Estados Insulares), portavoz de los territorios más amenazados por la subida del nivel del mar, introdujo por primera vez en 1991, en el marco de la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático (CMNUCC o UNFCCC), el concepto de compensación por los impactos del cambio climático. Esta propuesta, presentada bajo el término “pérdidas y daños”, planteaba la creación de un fondo al que los países contribuyeran en función de sus niveles de emisiones de CO₂ y su capacidad económica.

Más de dos décadas después de su primera mención, en la decimonovena Conferencia de las Partes (COP) en 2013, se estableció el Mecanismo Internacional de Varsovia para Pérdidas y Daños (MIV) que se convirtió en el principal instrumento global en esta materia. En los años siguientes, el concepto de pérdidas y daños fue incorporándose progresivamente en diferentes acuerdos internacionales. En la COP21 (2015), probablemente la más conocida después del Protocolo de Kioto, el Acuerdo de París incorporó el concepto de pérdidas y daños. En la COP25 (2019) se estableció la Red de Santiago destinada a facilitar la asistencia técnica para evitar y abordar las pérdidas y daños. En la COP27 (2022), se aprobó la creación de un fondo específico, y en la COP28 (2023) se estableció el Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños (FRLD), que se hizo operativo el año siguiente.

Fondo de Respuesta ante Pérdidas y Daños

En 2023, se publicó una declaración conjunta de los representantes de los países en desarrollo miembros del Comité de Transición, que representan a África, Asia-Pacífico, América Latina y Caribe, Países Menos Desarrollados y Pequeños Estados Insulares en Desarrollo. En ella, exigieron que el fondo debería llegar, como mínimo, a los 100 mil millones de dólares anuales hasta 2030. Este valor es inferior a lo que la ONU calculó como necesario en 2022 (entre 150 y 300 mil millones de dólares anuales) y muy lejos de los costes económicos en pérdidas y daños de 580 mil millones anuales, calculados en un estudio de 2019. Un miembro del Comité admite que es un valor escaso comparado con la necesidad real, pero que ya sería una escala importante para abrir camino a una negociación urgente. Sin embargo, el fondo actualmente cuenta con un total de 741,42 millones de dólares en promesas, menos del 0,1% del valor mínimo pedido, con cinco años hasta la meta.

A este efecto, se ha designado la participación del Banco Mundial como fideicomisario interino para la gestión de los fondos, por cuatro años. Además, se estableció que el consejo de administración del fondo será independiente del banco para conservar una estructura de gobierno y de control de las decisiones de financiación. De tal manera, asegurando la gestión transparente de los fondos y evitar que los países donantes tengan influencia en la gestión de la financiación. A pesar de que existen varios países detractores de la esperada transparencia de la gestión de los fondos, se ha formalizado el acuerdo sobre las disposiciones de acogida de la Secretaría del Fondo con los países fiduciarios y con el Banco Mundial.

El rol de la UE en la financiación climática

La Unión Europea es responsable del 68% de las contribuciones al FRLD, aunque una de las principales críticas que recibe es que a menudo implican la reasignación de presupuestos existentes para el clima y el desarrollo en lugar de proporcionar nuevos fondos. Esto refleja una tendencia más amplia en la financiación climática, donde solo el 63% del objetivo de la COP15 de movilizar 100 mil millones de dólares anuales para 2020 se consideró como nueva financiación. Para enfrentar la dimensión de la crisis, tanto la UE como los países ricos deben aumentar sus aportaciones con urgencia para asegurar que la financiación por pérdidas y daños se transforme en un pilar fundamental del proceso de la CMNUCC. Las futuras contribuciones de la UE al FRLD deben ser nuevas y adicionales a la ayuda oficial al desarrollo o a la adaptación y mitigación climáticas.

Las barreras políticas internas y externas

Se prevé que las contribuciones a la financiación por pérdidas y daños se verán afectadas por los problemas fiscales a los que se enfrentan varios estados miembro de la UE, por los niveles de inflación, deudas nacionales y estancamiento económico, lo cual tiene un impacto en el “bolsillo” público. Además, la creciente popularidad e influencia de partidos negacionistas suponen una gran amenaza a las contribuciones de la UE en la financiación climática internacional. Por último, con el ejemplo de la invasión rusa en Ucrania, las crisis en la región han llevado a un enfoque de atención y recursos hacia temas de independencia energética, seguridad, defensa, y migración, dejando atrás los temas climáticos.

En la COP29, también tuvo lugar la tercera revisión del MIV, aunque sin llegar a ningún consenso. Los países del sur, representados por la G-77 y China abogaron por la creación de oficinas regionales de la Red de Santiago, la inclusión de información sobre pérdidas y daños en los planes climáticos y la elaboración de un informe periódico sobre las carencias en la materia similar al informe anual del PNUMA (Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente). Sin embargo, los países del norte global se vieron algo inflexibles, mostrando preocupación por su alcance y frecuencia. Por lo tanto, estas decisiones se aplazaron a junio de 2025.

La deuda climática está lejos de saldarse

Más de una década después de la firma del MIV, todavía no se ha logrado una financiación significativa en el marco de pérdidas y daños. La agenda de pérdidas y daños permanece estancada y muestra escasos avances a pesar de la puesta en marcha del FRLD. La brecha de financiación sigue siendo abrumadora con el 99% aún sin cubrir, la aplicación sufre retrasos y, las divisiones entre los países de norte y sur continúan obstaculizando cualquier progreso real.

En resumen, para que el FRLD sea eficaz en su propósito, tendría que:

• Crear nueva financiación, en vez de reasignar recursos ya dedicados al clima y desarrollo.
• Dar la voz a los 134 países “en vías de desarrollo” y a las comunidades indígenas en las diferentes regiones afectadas. De esta manera, se podrán definir las formas de apoyo que más se adecúan.
• Como se mencionó anteriormente, establecer oficinas regionales para la Red de Santiago, que ofrece apoyo técnico para evitar, minimizar y abordar las pérdidas y daños , incluir información sobre ello en los planes climáticos y elaborar un informe periódico sobre las carencias en la materia similar al informe anual del PNUMA sobre la brecha de adaptación.
• Que la UE no permita distraerse con conflictos regionales a costa de sus compromisos climáticos internacionales.
• Igualar la urgencia de los desastres climáticos con su financiación.

El norte global tiene una deuda y una obligación a pagar a aquellos países que tienen especial vulnerabilidad frente al cambio climático, a pesar de su mucho menor contribución al problema. En los próximos años veremos si el nuevo fondo llegará realmente a la altura de la escala y la urgencia necesarias para recuperarse de los devastadores impactos climáticos a los que se enfrentan las naciones del sur global.

Diogo de Melo
Fundación Vida Sostenible

Imagen: Abriéndose camino en Manjhoo Shori, Balochistan, Pakistan. Photo by Kafeel Ahmed (Pexels).