El gasto en energía es uno de los más importantes de los hogares. En principio, todas las casas deben pagar el recibo eléctrico, que por lo general reúne el gasto de los electrodomésticos y la iluminación, pero que puede incluir también agua caliente, calefacción y cocina.

El precio de la energía eléctrica es un precio político, fijado tras las correspondientes negociaciones entre las compañías productoras y suministradoras, el gobierno y los representantes de los consumidores. La tendencia de los últimos años ha sido de reducción paulatina del precio del kilovatio en términos reales (al menos eso es lo que dice el gobierno y las grandes compañías), al mismo tiempo que se ha puesto en marcha un proceso de liberalización del mercado que, en teoría, debería permitir incluso a los consumidores privados elegir la compañía que más les convenga.

Algo parecido ocurre con el precio de los combustibles -gasóleo de calefacción, propano y butano, gas natural-. Todos son precios políticos, y en todos los casos hay unas pocas compañías suministradoras de gran tamaño. Por ejemplo, la popular bombona de butano sirve todavía hoy para proporcionar agua caliente y energía para cocinar a más de diez millones de hogares, y funcionó en régimen de monopolio hasta hace unos pocos años.

Una cuestión empieza a dibujarse en el horizonte de los precios de la energía, tras la firma de diversos protocolos en que los gobiernos se comprometen a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Para pagar las medidas de mejora de eficiencia energética y sustitución de combustibles «sucios» como el carbón por energías renovables, se han propuesto medidas muy discutidas, como un impuesto sobre el carbono emitido por la quema de combustibles fósiles. No obstante, los gobiernos son muy reacios a trasladar a los consumidores cualquier aumento del coste de producción de la energía. Otras medidas pretenden favorecer a las energías renovables reduciendo los impuestos que pagan, o subvencionando directamente cada kilovatio fabricado de esta forma. El Plan de Energías Renovables aprobado en agosto de 2005 incluye un recargo en el recibo de la luz para financiarlo. No obstante, todavía es pronto para decir cómo afectará todo esto al bolsillo de los consumidores privados de la energía.